Escoger el procedimiento y escoger la propuesta son decisiones diferentes
La selección del contratista identifica a quien celebrará el negocio mediante la modalidad legal pertinente y las reglas que rigen la comparación o comprobación de su propuesta. Tiene dos problemas sucesivos: cuál procedimiento corresponde al objeto y supuesto acreditado, y cuál ofrecimiento satisface mejor los criterios jurídicamente aplicables. Elegir bien la modalidad no corrige una evaluación contraria al pliego; evaluar cuidadosamente tampoco legitima haber omitido el procedimiento que exigía la ley.
El artículo 2 de Ley 1150 establece licitación como regla general, con selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía bajo sus presupuestos. No son nombres intercambiables de un mismo trámite. Cada modalidad exige determinar hechos relevantes, fundamento y reglas propias. La preferencia personal del ordenador por un proveedor, una práctica reiterada de la oficina o la facilidad de usar cierto formato no constituyen causales legales.
La licitación permite competencia pública conforme al estatuto y a sus reglas de apertura, pliegos, propuestas, evaluación y adjudicación. Procede cuando no concurre una modalidad exceptiva aplicable. No debe reservarse únicamente a obras ni describirse como cualquier convocatoria publicada: una selección abreviada también puede ser pública sin transformarse por ello en licitación. Publicidad es una garantía que puede atravesar varios procedimientos; modalidad es una categoría legal con requisitos específicos.
Modalidades por características, objeto, cuantía o causal
La selección abreviada cubre las hipótesis enumeradas por la ley. Entre ellas están bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, menor cuantía y otros objetos o situaciones expresamente previstos. Para uniformes existen mecanismos como subasta inversa y acuerdos marco bajo su regulación; la entidad no queda autorizada para escoger indistintamente cualquiera si una norma o instrumento aplicable impone un mecanismo. Debe comprobar características del objeto y cobertura del instrumento vigente.
La menor cuantía depende del presupuesto anual de la entidad expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 2, numeral 2, literal b, utiliza cinco escalas: presupuestos desde 1.200.000 salarios, menor cuantía hasta 1.000; desde 850.000 e inferiores a 1.200.000, hasta 850; desde 400.000 e inferiores a 850.000, hasta 650; desde 120.000 e inferiores a 400.000, hasta 450; e inferiores a 120.000, hasta 280. No depende del tamaño informal de la ciudad ni de una cifra nacional fija en pesos para toda entidad.
El concurso de méritos corresponde a selección de consultores o proyectos en los términos legales. El artículo 5, numeral 4, de Ley 1150 establece valoración técnica y excluye precio como factor de escogencia. El procedimiento reglamentario del Decreto 399, artículo 2 exige indicar criterios de experiencia y formación pertinentes, publicar informe y resolver observaciones antes de adjudicar. Su propósito técnico no permite negociar en secreto una evaluación distinta.
La contratación directa necesita una causal legal acreditada, como las que la ley enumera para urgencia, ciertos contratos interadministrativos, ausencia de pluralidad o servicios profesionales y apoyo a la gestión, con sus condiciones. No basta llamar profesional a cualquier objeto ni declarar que el tiempo ordinario resulta incómodo. La mínima cuantía tiene umbral legal de hasta el diez por ciento de la menor cuantía y procedimiento especial, incluidos invitación, presentación y elección de la oferta de menor precio que cumpla. La coordinación con causales especiales debe examinarse en el supuesto concreto.
Habilitar, puntuar y subsanar
El artículo 5 de Ley 1150 distingue condiciones habilitantes y factores de puntuación. Capacidad jurídica y determinadas condiciones de experiencia, finanzas y organización se verifican para admitir participación, con la salvedad legal de selección de consultores. La favorabilidad resulta de los factores técnicos y económicos y su ponderación previamente establecida. No se puede convertir cualquier requisito de entrada en puntos adicionales ni usar un criterio no anunciado porque parezca revelar excelencia.
La subsanación no convierte toda omisión en rechazo ni toda deficiencia en corregible. La ley permite solicitar requisitos y documentos que no afectan puntuación con los términos y excepciones correspondientes, pero prohíbe acreditar circunstancias ocurridas después del cierre. La falta de prueba de una condición ya existente y la creación posterior de la condición son supuestos distintos. Además, la no entrega de garantía de seriedad con la propuesta tiene regla expresa de rechazo y no puede tratarse como cualquier soporte subsanable.
Una puntuación debe ser reproducible con documentos, operación y criterio identificables. En obra pública, el menor plazo ofrecido no es factor de evaluación, según el artículo 5.2. Un comité no puede premiarlo simplemente porque terminar antes parezca conveniente. La objetividad exige aplicar la definición legal de favorabilidad y las reglas válidas del proceso; no se satisface porque todos los evaluadores compartan una preferencia ajena a ellas.
Publicidad, integridad y verificación actual
Los informes y oportunidades de observación permiten controvertir aplicación de reglas y soportes. Resolver una observación exige responder su contenido, sin asumir que cualquier desacuerdo obliga a cambiar puntuación. A la vez, una fórmula correcta aplicada sobre un dato inexistente produce un resultado incorrecto: la comprobación jurídica no termina al revisar la suma de puntos. Deben distinguirse corrección aritmética, interpretación del criterio y prueba del presupuesto valorado.
El Decreto 997 de 2026, artículos 8, 11 y 14, establece reglas de pliegos e integridad y consulta de listas con vigencia inmediata bajo sus condiciones temporales y el tratamiento propio de documentos tipo. La consulta no crea una inhabilidad automática por aparecer en cualquier listado: exige comprobar individualmente los presupuestos legales pertinentes y respetar datos personales. Las medidas de integridad tampoco autorizan inventar una nueva causal de exclusión sin fundamento.
Ejemplo colombiano 1: premio por ejecutar más rápido una obra
En una licitación de obra, dos propuestas cumplen el plazo máximo. El comité quiere asignar puntos adicionales a la que promete terminar antes, aunque ese beneficio no integra un factor legalmente admisible. El artículo 5.2 excluye evaluar el menor plazo ofrecido en obra pública. La conveniencia práctica de anticipar la entrega no permite introducir la puntuación. La evaluación debe aplicar los factores válidos y mantener las obligaciones temporales que resulten de documentos y oferta, sin confundir obligación asumida con criterio de escogencia.
El examen requiere conservar cronograma, pliego y matriz de evaluación. Si el comité ya introdujo puntos, debe corregir la operación por el cauce procedente y garantizar la contradicción correspondiente. No basta repartirlos a todos: el problema radica en utilizar ese factor para decidir, no solo en su distribución desigual.
Ejemplo colombiano 2: presupuesto institucional y umbral propio
Una entidad tiene presupuesto anual acreditado de 500.000 salarios mínimos y prepara una adquisición ordinaria estimada en 600 salarios, sin causal especial ni condiciones de mínima cuantía. La escala legal ubica su menor cuantía hasta 650, de modo que el valor cabe en esa causal de selección abreviada. No se aplica el umbral de 1.000 reservado a la escala superior ni se usa el de una entidad vecina con presupuesto distinto.
Los hechos suministran presupuesto y ausencia de otra hipótesis para aislar el razonamiento. En una contratación real también deben verificarse naturaleza del objeto, instrumento obligatorio, recursos y régimen de la entidad. El cálculo de cuantía resuelve una condición de la modalidad; no acredita por sí mismo que el futuro proveedor cumpla experiencia o que la oferta más barata deba ganar cualquier procedimiento.
Ejemplo colombiano 3: documento faltante frente a experiencia posterior
En una licitación, una proponente omite el certificado de una experiencia habilitante que ya había terminado antes del cierre; otra solo alcanza la experiencia exigida al terminar un contrato después de ese cierre. La oficina propone admitir ambas porque sus documentos no dan puntos. La distinción temporal del artículo 5 impide equipararlas: puede subsanarse la prueba de una condición preexistente en los términos legales, pero no fabricar habilitación con una circunstancia posterior.
La entidad debe pedir y valorar soportes de fechas, objeto y cumplimiento, y aplicar la oportunidad de subsanación pertinente. No se declara habilitada a la primera solo por afirmar que tenía experiencia: debe probarla. A la segunda no le basta un certificado auténtico expedido después si lo certificado demuestra que la condición misma nació cuando ya se había cerrado la competencia.