Elección justificada y decisión sin fundamento pertinente
La arbitrariedad aparece cuando el poder se utiliza al margen de las razones, condiciones y límites jurídicos que deben orientar la decisión. No se identifica simplemente con un resultado desfavorable ni con la existencia de más de una opción. La discrecionalidad reconoce elección; la arbitrariedad desconoce su marco. Debe precisarse qué defecto se alega: un criterio ajeno, una premisa inventada, una diferencia injustificada o una ausencia relevante de razones. Esa identificación permite formular un examen jurídico y evita convertir cualquier desacuerdo con la administración en prueba automática de capricho.
Los artículos 29, 121 y 209 constitucionales y los artículos 3, 42 y 44 del CPACA relacionan actuación, garantías, motivación, fines y hechos. No se cumple ese marco pronunciando la palabra discrecional. La C-031/95 rechazó la equivalencia entre margen y poder ilimitado. La autoridad conserva responsabilidad de justificar su elección según el régimen. Esto no supone que deba demostrar que ninguna persona razonable podría preferir otra opción, sino explicar por qué la adoptada pertenece al espacio legal y responde a parámetros pertinentes del asunto.
Preferencia personal y criterio de decisión
Un criterio pertinente de elección administrativa relaciona la opción con fuente, finalidad y circunstancias relevantes. Una preferencia privada del decisor no adquiere esa calidad por incluirse en una resolución. Debe explicarse su conexión jurídica. La administración puede establecer prioridades cuando su régimen lo permite, pero no usar cualquier factor para distribuir cargas o beneficios. Tampoco todo criterio novedoso es arbitrario por no haberse usado antes: debe comprobarse si puede introducirse, cómo se aplica y qué garantías exige. El análisis se concentra en fundamento y límites, sin confundir innovación válida y libertad de excluir a quien resulte incómodo.
La selección aleatoria ilustra la necesidad de atender la fuente. Un sorteo puede ser un mecanismo legalmente previsto en cierto procedimiento; en otro puede sustituir indebidamente una valoración exigida. No debe calificarse toda aleatoriedad como arbitrariedad ni todo resultado aleatorio como válido por ser imparcial en apariencia. Hay que identificar qué debía compararse y qué instrumento estaba autorizado. La discrecionalidad no permite cambiar libremente el método de decisión cuando el régimen exige criterios sustantivos. La igualdad tampoco se acredita simplemente dando a todos la misma posibilidad de recibir una respuesta sin justificación material.
Razones aparentes y relación con el caso
La motivación aparente utiliza fórmulas que no permiten reconstruir la conexión entre hechos, fuente y elección. Afirmar conveniencia, interés general o confianza en la autoridad puede resultar insuficiente cuando no responde la cuestión decisiva. El artículo 42 del CPACA exige motivación en su ámbito y el 44 limita el contenido discrecional. Debe explicarse qué hechos importan y por qué la opción contribuye al fin. La calidad no se mide por longitud ni por acumulación de citas. Una razón concreta puede ser breve; una explicación extensa puede eludir el punto que debía justificar.
Tampoco toda insuficiencia inicial demuestra por sí sola intención ilegítima del funcionario. El examen del acto y la atribución de responsabilidad personal tienen presupuestos distintos. Es preciso identificar regla, defecto e incidencia y utilizar el cauce pertinente. La discrecionalidad no protege errores de motivación, pero el control tampoco puede reemplazar análisis por descalificaciones personales. Debe examinarse lo efectivamente decidido, el expediente y los límites aplicables. Una conclusión jurídica rigurosa distingue falta de razones, razones equivocadas y propósito ajeno, aunque en un caso puedan relacionarse varios problemas.
Igualdad, coherencia y cambio de orientación
La administración debe comparar situaciones relevantes cuando aplica criterios de elección. El artículo 13 constitucional y el principio de igualdad del CPACA impiden diferencias sin justificación pertinente. No basta encontrar resultados distintos: pueden responder a hechos o regímenes diferentes. Tampoco se acredita igualdad porque el mismo formato fue utilizado. Debe identificarse qué circunstancias son comparables y por qué la diferencia importa jurídicamente. La arbitrariedad puede ocultarse en una uniformidad que ignora condiciones relevantes o en una distinción que utiliza factores ajenos a la atribución. La comparación exige contenido, no solo apariencia de trato semejante.
Un cambio de orientación puede ser jurídicamente posible y exigir razones, instrumentos y respeto de situaciones pertinentes. No debe presentarse toda continuidad como legal ni todo cambio como caprichoso. Si la práctica anterior era contraria al ordenamiento, repetirla no se vuelve obligatorio para simular coherencia. Si existía una opción legal, cambiarla no permite desconocer sin examen efectos individuales ya producidos. Deben distinguirse política futura, aplicación al caso y revisión de actos existentes. La discrecionalidad necesita continuidad de deberes, aun cuando una autoridad pueda seleccionar válidamente otra alternativa.
Proporcionalidad y examen del medio
La intensidad de una medida no se justifica solo porque el fin sea legítimo. El artículo 44 exige proporcionalidad respecto de los hechos y adecuación al objetivo de la fuente. Debe analizarse contribución, alternativas pertinentes y cargas en el marco correspondiente. Esto no transforma toda diferencia de apreciación en arbitrariedad ni permite inventar una opción ideal para invalidar cualquiera de las disponibles. El reproche debe mostrar una deficiencia jurídicamente relevante. La autoridad, a su vez, no puede tratar su elección como suficiente respuesta a una objeción concreta sobre exceso o falta de conexión.
La discrecionalidad se distingue también del desacuerdo de conveniencia. Dos alternativas pueden permanecer dentro del marco y una persona puede preferir legítimamente la descartada. La crítica política, técnica o ciudadana conserva importancia sin equivaler siempre a causal de nulidad. El control jurídico debe precisar infracción y consecuencia. Afirmar que otra opción habría sido mejor puede abrir una discusión de gestión; demostrar que la elegida utilizó un criterio prohibido plantea otro problema. La diferencia no inmuniza la decisión: ordena las razones y permite saber qué evidencia necesita cada afirmación.
Ejemplo colombiano 1: sorteo que desplaza una valoración exigida
Una autoridad colombiana debe elegir entre proyectos mediante criterios sustantivos acreditados en su régimen. Tiene margen para valorar esos criterios, pero ninguna fuente permite reemplazarlos por azar. Decide escoger el resultado con un sorteo y afirma que así garantiza igualdad. El mecanismo no cumple por sí solo la función de valoración exigida. Deben examinarse fuente, método y decisión, sin convertir todo sorteo en ilícito en otros procedimientos. El problema aportado es que se sustituyó una evaluación jurídicamente obligatoria; no que el participante inconforme hubiera obtenido un resultado desfavorable.
Ejemplo colombiano 2: elección para evitar seguimiento obligatorio
En una actuación colombiana hipotética, el régimen permite escoger medios de servicio y exige trazabilidad de cualquiera de ellos. Está acreditado que la autoridad seleccionó una opción únicamente para ocultar su ejecución al seguimiento legalmente exigido, sin otra razón funcional. La elección no se justifica por invocar discrecionalidad. Deben identificar el criterio efectivamente utilizado y la obligación que pretende eludir. El supuesto aporta ese propósito, sin inferirlo de toda dificultad de registro. No declara responsabilidad individual ni prohíbe soluciones logísticas distintas: muestra que el margen no autoriza usar la selección para sustraer la actividad de un control obligatorio.
Ejemplo colombiano 3: desacuerdo sin infracción acreditada
Una autoridad colombiana compara alternativas legales con criterios pertinentes y explica una elección proporcionada bajo los hechos acreditados del supuesto. Un ciudadano prefiere otra por valorar de manera distinta una ventaja práctica, pero no señala incumplimiento ni aporta un hecho que desvirtúe la justificación. Su preferencia puede sostener deliberación pública; no prueba por sí sola arbitrariedad. La conclusión no excluye un control posterior fundado ni convierte la explicación en verdad intocable. Separa el desacuerdo de gestión del reproche jurídico que requiere identificar parámetro y defecto concretos.
Síntesis y fuentes
La arbitrariedad se examina mediante criterio, hechos, razones, igualdad y límites, sin confundir resultado adverso y vicio. Fuentes: Constitución, artículos 13, 29, 121 y 209, CPACA, artículos 3, 42, 44 y 137 y C-031/95.