El poder debe ofrecer razones jurídicas
La arbitrariedad aparece cuando el ejercicio del poder se separa de las razones jurídicas y fácticas que deben sostenerlo y responde al capricho, a motivos incompatibles o a una elección sin justificación pertinente. No se identifica únicamente porque una decisión sea desfavorable, severa o distinta de la preferida por su destinatario. La administración puede adoptar medidas restrictivas dentro de sus atribuciones, pero necesita fundamento, hechos y respeto de garantías. La prohibición obliga a explicar por qué esa decisión es jurídicamente defendible para ese caso.
La discrecionalidad es un margen de decisión reconocido por el ordenamiento; la arbitrariedad es un defecto en su ejercicio. El artículo 44 del CPACA exige que el contenido discrecional sea adecuado a los fines de la norma habilitante y proporcional a los hechos causales. La existencia de varias opciones permitidas no elimina ese vínculo. A su vez, que un revisor considere otra alternativa más conveniente no demuestra automáticamente arbitrariedad: debe identificar el defecto jurídico relevante y contrastarlo con el alcance real del margen atribuido.
Una decisión reglada también puede incurrir en arbitrariedad si inventa hechos, aplica selectivamente una condición o usa una consecuencia distinta de la prevista. No existe una zona de inmunidad porque el funcionario afirme que solo obedeció una regla. La interpretación, constatación de presupuestos y aplicación requieren razones. Por eso conviene distinguir el tipo de atribución del modo en que se ejerce: reglado y discrecional describen márgenes; arbitrario describe una ruptura con las exigencias que condicionan su uso.
Defectos que deben diferenciarse
La falta de competencia consiste en actuar sin la atribución requerida o fuera de su alcance. La falsa motivación se relaciona con el defecto de los motivos invocados frente a sus presupuestos; la desviación de atribuciones atiende a utilizar la potestad para una finalidad ajena a la que la justifica. El artículo 137 del CPACA distingue estas causales. Los hechos pueden revelar más de un problema, pero no deben usarse los nombres como sinónimos ni atribuir una causal sin explicar qué elemento del expediente la sustenta.
La falta o insuficiencia de explicación debe separarse de la falsedad del motivo expresado. En un caso la decisión puede omitir razones necesarias; en otro puede formularlas y descansar sobre un dato contradicho por el expediente. Una motivación extensa no elimina la segunda dificultad. La revisión debe analizar contenido y conexión, no contar páginas. Las consecuencias del defecto dependen del régimen y su incidencia; no toda imprecisión de redacción demuestra, por sí sola, una decisión materialmente inválida o un propósito ilegítimo.
La desviación de atribuciones tampoco equivale a cualquier resultado social indeseado. Requiere examinar el fin de la potestad y los elementos que permiten atribuir una finalidad distinta a su ejercicio. Una medida puede producir molestias y perseguir legítimamente su objeto; otra puede invocar un objetivo público para favorecer a una persona cercana al decisor. La conclusión debe apoyarse en hechos y prueba pertinente, sin deducir intención ilícita de la sola discrepancia ni exigir que todo desvío aparezca confesado en el texto del acto.
La incoherencia relevante puede aparecer cuando las razones no conducen a la conclusión o cuando la autoridad trata de modo diferente situaciones equivalentes sin explicación. La igualdad no impide considerar diferencias probadas; exige que sean pertinentes para el régimen. Cambiar un criterio puede ser necesario y legítimo si se explica su fundamento y se respetan las garantías correspondientes. La prohibición de arbitrariedad no congela toda práctica administrativa ni convierte un error previo en obligación de repetirlo indefinidamente.
Expediente, motivos y control
El artículo 42 del CPACA conecta decisión, pruebas, informes y opiniones de los interesados. La motivación debe permitir comprender qué hechos se tuvieron por acreditados y por qué soportan la consecuencia. Si existe un informe contrario relevante, no basta ocultarlo detrás de una fórmula general. Debe examinarse su contenido dentro del régimen probatorio aplicable. La obligación de razonar no implica aceptar cualquier alegación, pero sí resolver las peticiones oportunas y dar cuenta de los elementos determinantes para la decisión.
El expediente permite distinguir control jurídico de preferencia subjetiva. Deben conservarse documentos, comunicaciones y criterios efectivamente utilizados. Si una autoridad afirma que la solicitante nunca aportó un certificado y el expediente muestra su recepción oportuna, la objeción es verificable. Si simplemente existían dos alternativas razonables y la autoridad escogió una mediante razones pertinentes, la preferencia del interesado por la otra necesita una objeción adicional. El control protege decisiones justificadas y permite discutir defectos identificables, sin sustituir cualquier margen por gusto del revisor.
El artículo 6 constitucional impide tratar la autoridad como un poder personal y el artículo 209 vincula función administrativa con igualdad e imparcialidad. Esto exige excluir favoritismos y represalias como razones decisorias. Que la persona haya criticado públicamente a la entidad no permite agravarle una medida cuya intensidad depende de hechos diferentes. A la vez, haber criticado a la administración tampoco exonera de cumplir condiciones legales: deben separarse libertad de disentir y examen imparcial de requisitos materiales.
Los artículos 137 y 138 del CPACA permiten ubicar vías de control según el acto, la pretensión y sus presupuestos. La impugnación debe traducir la acusación general de arbitrariedad en una objeción jurídica concreta, con hechos y fuentes. No se promete que todas las decisiones se demanden por la misma vía ni que alegar un defecto suspenda automáticamente sus efectos. Restablecimiento, reparación o responsabilidad personal requieren análisis adicional; demostrar una irregularidad no acredita de manera automática todos esos resultados.
Ejemplo colombiano 1: certificado que sí estaba
Una entidad colombiana niega una solicitud y expresa como motivo único que la interesada no entregó un certificado indispensable. El expediente del ejercicio contiene constancia de recepción oportuna y el documento acredita precisamente el hecho requerido; no se discuten autenticidad ni suficiencia. La oficina insiste en que la decisión es válida porque redactó tres páginas de motivación y respetó un formato institucional. La solicitante cuestiona el presupuesto factual expresamente utilizado.
El problema no se resuelve contando páginas. Existe una contradicción verificable entre el motivo y el expediente que debe examinarse como posible falsa motivación y corregirse por el instrumento procedente. La conclusión no garantiza el beneficio si hay otros requisitos pendientes, pero impide mantener la negativa sobre la ausencia que los hechos desmienten. Tampoco demuestra por sí sola dolo del funcionario, indemnización o la necesidad de rehacer toda actuación ajena a ese defecto.
Ejemplo colombiano 2: usar una facultad para castigar la crítica
Una autoridad está habilitada para graduar una medida dentro de límites dados según riesgos acreditados. En el supuesto se demuestra que escoge el nivel más gravoso para una persona porque esta criticó la gestión, mientras los hechos relevantes de riesgo coinciden con expedientes de menor intensidad. La motivación formal invoca protección del servicio, pero comunicaciones verificadas revelan que se buscaba una represalia. El ejercicio da por probados esos elementos; no los presume por el resultado adverso.
Debe confrontarse la finalidad habilitante con la finalidad perseguida y examinarse también la diferencia de trato. La discrecionalidad de graduación no habilita represalias ni reemplaza proporcionalidad frente a hechos. El análisis apunta a desviación de atribuciones y a las garantías pertinentes, sin convertirlas en sinónimos de incompetencia. Las consecuencias se tramitan por las vías aplicables, y la crítica previa no significa que la persona quede inmune a una medida legítima basada en sus verdaderos presupuestos.
Ejemplo colombiano 3: alternativa razonable que no era la preferida
Una oficina dispone de dos modalidades de organización igualmente legales. Elige la primera y explica, con datos comprobados, que permite sostener atención durante una ausencia temporal de personal, preservando capacidad y garantías. Un usuario prefiere la segunda porque facilita su rutina y afirma que cualquier decisión distinta de esa preferencia es arbitraria. El supuesto no acredita discriminación, finalidad extraña, error de hechos ni omisión de una condición obligatoria.
El desacuerdo es relevante para evaluar mejoras, pero no demuestra por sí solo un vicio. Debe indicarse qué razón jurídica impide la alternativa elegida o qué dato fue omitido. Si ambas permanecen permitidas y la explicación es pertinente, la preferencia individual no convierte el margen en obligación de adoptar su opción. La conclusión es mantener abierta la discusión técnica sin etiquetar automáticamente como arbitrariedad toda elección discutible; nuevos hechos relevantes podrían cambiar la valoración.
Fuentes y alcance
Constitución, artículos 6, 13, 29 y 209; CPACA, artículos 3, 42, 44, 137 y 138. Consulta: 2026-11-05. Se distinguen categorías de control sin resolver caducidad, legitimación o responsabilidad de un expediente real y sin atribuir dolo a partir de un defecto formal.