Repetición de conductas y reconocimiento jurídico
La costumbre se relaciona con conductas sociales reiteradas a las que el ordenamiento reconoce relevancia jurídica bajo determinadas condiciones. La práctica administrativa describe una forma de actuar repetida por una oficina o entidad. Pueden coincidir en el dato de la reiteración, pero no tienen automáticamente idéntico valor. Una dependencia que exige siempre el mismo documento ha creado una práctica; para saber si puede exigirlo debe identificarse su fundamento normativo. La repetición prueba continuidad de comportamiento, no competencia para imponer una carga. Una conducta ilegal no adquiere validez por haberse mantenido durante muchos años.
La relación entre costumbre y ley debe estudiarse por materias. El artículo 8 del Código Civil niega fuerza a la costumbre contra la ley y al desuso como razón para dejar de observarla. En asuntos mercantiles, los artículos 3 a 5 del Código de Comercio regulan requisitos, relación con estipulaciones válidas e interpretación comercial. No existe una regla que permita llevar sin ajustes esa autoridad de la costumbre mercantil a cualquier actuación pública. Cada alegación requiere determinar el régimen sustancial de la cuestión.
Se distingue habitualmente entre costumbre conforme a la ley, en ausencia de regulación y contraria a ella. Estas categorías permiten describir relaciones, pero no dispensan comprobar cuáles admite cada régimen. Que una práctica ayude a ejecutar una regla no significa que pueda modificarla. Que exista silencio sobre una operación tampoco prueba que ese silencio admita integración consuetudinaria: puede haber una reserva legal o una competencia estrictamente delimitada. En el derecho público, los artículos 121 y 123 constitucionales obligan a examinar atribución y ejercicio de funciones antes de convertir una conducta reiterada en fundamento de poder.
Costumbre mercantil y relaciones de la administración
La costumbre mercantil exige, según el artículo 3 del Código de Comercio, hechos públicos, uniformes y reiterados en el lugar relevante, además de no contrariar manifiesta o tácitamente la ley comercial. La generalidad nacional opera en defecto de la local y con los requisitos previstos. Una política exclusiva de un proveedor no prueba por sí sola una costumbre del mercado. Tampoco basta que una conducta sea frecuente si carece de los demás presupuestos. La determinación del lugar y de la relación regulada evita atribuir alcance nacional a lo que solo se practica en un sector localizado.
Los artículos 4 y 5 del mismo código distinguen funciones. Las estipulaciones de contratos válidamente celebrados prevalecen sobre normas supletivas y costumbres mercantiles; además, la costumbre puede contribuir a precisar expresiones técnicas e interpretar actos y convenios comerciales. Esto impide usarla indistintamente para cualquier finalidad. Interpretar un término del sector no equivale a modificar una obligación contractual expresa. El análisis identifica qué cuestión quedó abierta, qué pactaron válidamente las partes y qué alcance tiene el uso alegado. Una cláusula contraria a normas imperativas tampoco queda convalidada por invocar autonomía contractual.
La contratación estatal ofrece un punto de contacto delimitado. El artículo 13, inciso primero, de la Ley 80 de 1993 remite a disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo las materias particularmente reguladas en ese estatuto. Esa remisión exige identificar primero la cuestión y su régimen. Puede hacer relevante una regla mercantil para interpretar una relación contractual, pero no autoriza sustituir procedimientos de selección, competencias o exigencias especiales de contratación por costumbres comerciales. La presencia de una entidad estatal no elimina todo derecho privado ni vuelve privado todo aspecto de su actuación.
Existencia jurídica y prueba del uso
Debe separarse la admisibilidad sustancial de la costumbre de su acreditación probatoria. La primera determina si el ordenamiento permite emplearla para resolver esa cuestión; la segunda demuestra existencia, contenido y vigencia del comportamiento invocado. Acreditar una práctica mediante numerosos documentos no la habilita para contradecir una prohibición legal. A la inversa, reconocer que la materia admite costumbre no dispensa probar cuál existe. Estas dos operaciones evitan tanto rechazar todo uso sin analizar su régimen como aceptar automáticamente una afirmación interesada de quien se beneficia de ella.
Los artículos 178 y 179 del Código General del Proceso regulan prueba de usos y costumbres y, específicamente, de costumbre mercantil. En esta última se contemplan medios como certificación de la cámara de comercio correspondiente, testimonios bajo los requisitos legales y decisiones judiciales definitivas en las condiciones previstas. No se debe recuperar como regla actual el artículo 6 del Código de Comercio, expresamente derogado. Identificar correctamente la fuente probatoria importa porque una fotografía de un uso antiguo o un testimonio genérico no prueba necesariamente su existencia y vigencia actuales.
El artículo 177 del CGP también se ocupa de acreditar ciertos textos jurídicos, incluidas resoluciones, circulares y conceptos administrativos, con la salvedad de publicación en la página institucional. Esa cuestión es diferente de probar una costumbre. Si existe un documento escrito que formaliza una instrucción, debe leerse y clasificarse; no hace falta llamarlo consuetudinario porque se aplique a menudo. Confundir documento, conducta y norma impide determinar qué debe aportarse y qué puede discutirse. La prueba judicial debe estudiarse además dentro del proceso aplicable, sin trasladar estas disposiciones como procedimiento universal de cualquier oficina.
La práctica como hecho relevante para controlar una decisión
Una práctica puede importar aunque no sea fuente autónoma de potestades. Permite detectar trato desigual, barreras reiteradas, falta de publicidad o comportamientos incompatibles con buena fe. Los artículos 13 y 83 constitucionales y el artículo 3 del CPACA ofrecen parámetros para evaluar esas conductas. El efecto no nace simplemente de la repetición: resulta de aplicar normas y principios al comportamiento demostrado. Si una entidad modifica una organización legítima del servicio, debe justificar la medida y examinar los derechos comprometidos; ello no implica que cada hábito interno se convierta en derecho adquirido de todos los usuarios.
También conviene distinguir regularidad administrativa y precedente judicial. Varias respuestas semejantes de una oficina no se transforman en jurisprudencia por acumularse. Su consistencia puede ser relevante para igualdad y motivación, mientras su legalidad depende del régimen aplicable. Debe comprobarse si los expedientes son comparables y si el criterio anterior estaba jurídicamente permitido. La autoridad no justifica una carga diciendo «siempre se ha pedido», ni un interesado demuestra derecho a una ventaja prohibida mostrando que se concedió antes por error. Ambos necesitan conectar los hechos con las fuentes pertinentes.
Ejemplo colombiano 1: certificado adicional en una ventanilla
Una oficina municipal de Tunja exige desde hace años un certificado adicional para un trámite cuyos requisitos están establecidos, y reconoce que ninguna disposición lo autoriza. La reiteración no permite añadirlo. El análisis identifica la carga, contrasta su fundamento y aplica la prohibición de exigencias adicionales del artículo 9 del CPACA y el artículo 84 constitucional en sus supuestos. La respuesta no depende de probar que pocas oficinas siguen el hábito: incluso una práctica extendida carecería de fuerza para contrariar esas reglas. La revisión debe retirar la exigencia por el cauce correspondiente y preservar los derechos de los interesados.
Ejemplo colombiano 2: expresión técnica en un suministro
Una entidad sometida a la Ley 80 y su proveedor discrepan sobre una expresión técnica de una relación de suministro. El contrato no la define y el régimen especial no resuelve ese punto. La remisión del artículo 13 permite estudiar las reglas mercantiles pertinentes; el artículo 5 del Código de Comercio puede hacer relevante una costumbre interpretativa debidamente acreditada. La conclusión depende de verificar ámbito, contenido y compatibilidad del uso. No permite cambiar una cláusula expresa ni omitir controles de contratación estatal. El ejemplo muestra una función delimitada de la costumbre en una relación pública con componentes privados.
Ejemplo colombiano 3: la rutina comercial no reemplaza selección
Un proveedor propone contratar directamente con una entidad porque en su mercado se acostumbra renovar los negocios con el vendedor anterior. El expediente está sujeto a un procedimiento legal de selección que no contempla esa razón para omitirlo. Aunque la práctica comercial exista, no desplaza la regla pública especial. La entidad debe cumplir el procedimiento aplicable y valorar ofertas conforme a sus condiciones. No necesita negar toda relevancia del comercio: basta identificar que esa cuestión está regulada de forma especial. El contrato y sus usos no pueden crear una excepción a la selección que el ordenamiento no prevé.
Síntesis y fuentes utilizadas
La costumbre requiere reconocimiento del régimen sustancial y prueba; la práctica administrativa describe comportamientos que deben controlarse jurídicamente. Fuentes examinadas el 5 de noviembre de 2026: Constitución, artículos 13, 83, 84 y 121; Código Civil, artículo 8; Código de Comercio, artículos 1 a 7, con derogatoria del 6; CGP, artículos 177 a 179; Ley 80, artículo 13, inciso primero; CPACA, artículos 3 y 9. Revisión jurídica humana pendiente.