Una familia de experiencias, no un sistema único
La expresión modelo anglosajón requiere una delimitación. Inglaterra y Gales, Estados Unidos y otros países vinculados a la tradición del common law no comparten una única ley de procedimiento, idéntica estructura territorial o el mismo régimen de revisión. Aquí se examinan principalmente Inglaterra y Gales y, como contraste delimitado, normas federales estadounidenses. No se extienden esas descripciones a toda la jurisdicción del Reino Unido ni a los ordenamientos de cada estado de Estados Unidos.
La oposición escolar entre un continente con Derecho Administrativo y un mundo anglosajón sin él resulta insuficiente. La existencia de poderes públicos sometidos a control, procedimientos especializados y normas escritas demuestra que no se trata de una ausencia de regulación administrativa. Tampoco common law significa que toda regla provenga exclusivamente de sentencias. Las leyes y las normas procesales son indispensables para saber qué actuación puede revisarse, ante quién y con qué remedios.
La especialización no exige siempre un orden jurisdiccional separado de la misma manera que en Francia. El Administrative Court de Inglaterra y Gales desarrolla tareas de control de legalidad dentro de la High Court. Esto permite distinguir dos preguntas: si existen jueces con trabajo especializado en asuntos administrativos y cómo se organiza institucionalmente esa especialización. Responder afirmativamente la primera no obliga a identificar una copia del esquema francés.
Judicial review: control de legalidad y función pública
La regla 54.1 de las Civil Procedure Rules define el judicial review por su objeto: revisar la legalidad de una disposición o de una decisión, acción u omisión relacionada con el ejercicio de una función pública. El problema no se limita a identificar si el autor lleva el nombre de ministerio. La actividad cuestionada y su carácter público deben examinarse, junto con las reglas que determinan la procedencia de la revisión.
La explicación de la judicatura sobre el Administrative Court diferencia la revisión de legalidad de una simple nueva valoración del mérito de la decisión. Entre las cuestiones jurídicas identifica el exceso de poderes, el ejercicio ilícito o irrazonable de la discrecionalidad, la falta de equidad procedimental y la lesión de derechos humanos. Esta descripción no significa que los hechos sean siempre irrelevantes, sino que el control tiene un objeto jurídico y no consiste en sustituir cualquier política pública por la preferida por el juez.
Es útil distinguir judicial review y apelación estatutaria. La primera cumple una función de supervisión de legalidad; una apelación creada por una ley se rige por el alcance que esa ley determine. El servicio oficial de información del Administrative Court menciona ambos tipos de trabajo. Que una persona discrepe del resultado no permite elegir indistintamente cualquier mecanismo ni desconocer un procedimiento especial establecido para la materia.
Acceso y remedios no intercambiables
La regla 54.4 exige autorización judicial para continuar una pretensión de judicial review. La existencia de esta etapa permite diferenciar presentar una solicitud y obtener acceso al examen posterior en las condiciones del sistema. No equivale a pedir a la administración demandada permiso para controlarla. Tampoco la autorización implica que la pretensión haya sido declarada fundada: examinar su procedencia y decidir el fondo son tareas distintas.
Las reglas 54.2 y 54.3 distinguen remedios como órdenes de anulación, prohibición y actuación, además de declaraciones e injunctions en los casos correspondientes. Permiten incluir determinadas pretensiones patrimoniales, pero no iniciar bajo esa sección una reclamación exclusivamente de daños, restitución o recuperación de una suma. El remedio debe corresponder al problema jurídico; judicial review no es una etiqueta universal que convierta cualquier demanda económica contra el Estado en el mismo procedimiento.
Una orden que elimina una decisión, una orden que impide una conducta y una orden que exige actuar tienen efectos distintos. Elegirlas exige saber qué hizo u omitió el órgano y qué deber jurídico se invoca. Anular una negativa no significa necesariamente reconocer de inmediato el beneficio pedido: puede ser necesario que la autoridad adopte otra decisión ajustada al Derecho. La comparación debe conservar estas diferencias para evitar traducir todos los remedios extranjeros como si fueran sinónimos de nulidad colombiana.
El contraste federal estadounidense
La existencia de normas estadounidenses sobre revisión de agencias muestra otra configuración dentro del universo comparado. La sección 704 del título 5 del United States Code contempla actuaciones revisables por disposición legal y actuaciones finales de agencia para las que no existe otro remedio judicial adecuado. La referencia a finalidad y a remedios disponibles impide tratar cualquier comunicación preliminar como si tuviera automáticamente idéntico acceso a una revisión separada.
La sección 706 del título 5, en la edición oficial 2024 consultada, establece parámetros de control que incluyen arbitrariedad, abuso de discrecionalidad, exceso de autoridad legal, infracciones constitucionales y desconocimiento del procedimiento exigido. También contempla obligar a actuar cuando la actuación es ilícitamente retenida o irrazonablemente demorada. Los parámetros deben aplicarse en su contexto; el texto no ordena repetir de nuevo todo juicio fáctico en cualquier controversia ni asegura que una agencia pierda todo caso en el que se alegue un retraso.
Estas reglas federales no deben confundirse con las Civil Procedure Rules inglesas. Pertenecen a ordenamientos y estructuras constitucionales diferentes. El valor de compararlas consiste en observar que control judicial, delimitación del objeto y remedios diferenciados aparecen mediante técnicas propias. La presencia de normas escritas y categorías específicas también impide reducir el modelo estadounidense a un sistema en el que los jueces resuelven sin legislación de procedimiento administrativo.
Ejemplo colombiano 1: controlar no es administrar de nuevo
Una autoridad colombiana elige una medida entre varias permitidas y una persona propone demandarla únicamente porque habría preferido otra alternativa. El examen debe identificar una infracción jurídica, no convertir la preferencia personal en regla de competencia del juez. Si se alega ejercicio irregular de la discrecionalidad, el artículo 44 del CPACA exige examinar finalidad y proporcionalidad respecto de los hechos. Una medida jurídicamente admisible no se vuelve ilegal solo porque exista otra posible.
La distinción inglesa entre legalidad y mera revisión del mérito ofrece una comparación útil, pero no define por sí sola el alcance de cada medio de control colombiano. Si se demuestra una infracción, sus efectos deberán precisarse conforme al régimen nacional. Si solo existe desacuerdo de conveniencia, no puede inventarse una ilegalidad. El estudiante debe relacionar potestad, razones, hechos y pretensión antes de afirmar qué puede ordenar el juez.
Ejemplo colombiano 2: una asesoría con un procedimiento extranjero
Una comerciante colombiana recibe una sanción nacional y encuentra en internet un formulario británico de judicial review. Decide presentarlo como si la autorización de la regla 54.4 fuera un requisito de la jurisdicción colombiana. El error consiste en trasladar un procedimiento extranjero por similitud del problema. La competencia y los requisitos de la demanda colombiana se obtienen de las normas nacionales y del régimen sancionador pertinente, no del formulario encontrado.
La comparación sigue siendo provechosa para reconocer problemas como defensa, control de potestades y protección judicial. Pero nombres de remedios, etapas de admisión y autoridades destinatarias deben reconstruirse en cada sistema. Una fuente extranjera puede aportar un argumento comparativo; no crea una etapa procesal colombiana ni reemplaza la acreditación de los presupuestos exigibles. El caso ilustra una diferencia entre aprender una técnica y pretender aplicarla directamente.
Ejemplo colombiano 3: la omisión también puede ser jurídicamente relevante
Una persona presenta una solicitud ante una autoridad colombiana y esta evita pronunciarse. El problema no desaparece porque falte una resolución escrita. El artículo 23 constitucional reconoce el derecho de petición y a obtener pronta resolución; el régimen nacional determina los instrumentos de protección y los efectos del silencio. Exigir una respuesta y acreditar el derecho a que sea favorable son cuestiones diferentes.
El contraste con decisiones, acciones y omisiones comprendidas en el judicial review y con la sección 706 estadounidense ayuda a identificar el tipo de lesión. No permite importar plazos, presupuestos o consecuencias de esos ordenamientos. La solución colombiana debe atender la clase de solicitud, la autoridad, la regulación aplicable y la protección procedente. La falta de respuesta no constituye, por sí sola, aprobación universal de cualquier petición ni demuestra automáticamente todos los elementos de una indemnización.