Castigar una infracción requiere una habilitación y un procedimiento
La potestad sancionatoria administrativa permite imponer las consecuencias legalmente previstas por el incumplimiento de deberes sometidos a supervisión. En las superintendencias, esta potestad depende del régimen material atribuido: no existe una sanción única aplicable por igual a toda empresa y a cualquier irregularidad. El artículo 29 de la Constitución extiende el debido proceso a las actuaciones administrativas. La autoridad debe establecer competencia, conducta relevante, deber infringido, prueba y consecuencia prevista, y garantizar defensa y contradicción. Una orden de supervisión no convierte cualquier conducta que disguste al funcionario en una infracción sancionable.
La Ley 222 ofrece un fundamento societario en el artículo 86.3, referido al incumplimiento de órdenes, ley o estatutos en su ámbito. En consumo, los artículos 59 a 61 de la Ley 1480 de 2011 regulan facultades, investigación y sanciones de la SIC cuando corresponde esa competencia. Estos regímenes no deben intercambiarse para seleccionar el máximo más alto o el procedimiento más breve. La fuente aplicable se determina por la función, el sujeto y la conducta, no por una preferencia de la oficina investigadora.
Separar cargos, prueba y decisión
El artículo 47 del CPACA regula los procedimientos sancionatorios no sometidos a leyes especiales y su aplicación en lo no previsto por ellas. Distingue averiguaciones preliminares, comunicación y formulación de cargos cuando existe mérito. Los cargos deben precisar hechos, personas, disposiciones presuntamente vulneradas y sanciones o medidas procedentes. Esta precisión permite conocer de qué defenderse. Una referencia genérica a «mal funcionamiento empresarial» no sustituye la individualización del reproche; tampoco basta enviar un informe de inspección y considerar que ya contiene, sin más, todos los elementos de una imputación formal.
Dentro del ámbito general del artículo 47, los investigados pueden presentar descargos y solicitar o aportar pruebas; las exclusiones de medios inconducentes, impertinentes o superfluos deben motivarse y no pueden utilizarse pruebas practicadas ilegalmente. El artículo 48 contempla etapa probatoria y alegatos; el artículo 49 exige que la decisión identifique a la persona, analice hechos y pruebas, relacione normas infringidas y hechos probados, y fundamente archivo o sanción. La defensa no es un requisito decorativo que se cumpla recibiendo documentos sin examinar su incidencia sobre la conducta imputada.
La ausencia de prueba suficiente de la infracción no puede remediarse con una multa menor: primero debe existir fundamento para sancionar. Si la investigación demuestra incumplimiento, la graduación requiere una motivación diferente de la mera declaración de responsabilidad. Si demuestra que el hecho no ocurrió en los términos atribuidos o que no puede imponerse la consecuencia pretendida, corresponde adoptar la decisión jurídicamente procedente, incluido el archivo cuando haya lugar. El carácter técnico de la entidad no convierte todas sus observaciones iniciales en hechos definitivamente probados.
Graduación, medidas y responsabilidad individual
El artículo 50 del CPACA, salvo regla especial, relaciona criterios como daño o peligro, beneficio económico, reincidencia, obstrucción, medios fraudulentos, diligencia, desacato y aceptación expresa en el momento legalmente previsto. Los criterios se aplican cuando resulten pertinentes y deben vincularse a hechos acreditados. La existencia de un máximo legal no obliga a imponerlo en todos los expedientes. Tampoco puede contarse una circunstancia como agravante sin explicar su presencia o atribuir reincidencia a una empresa por el solo tamaño de sus operaciones.
El artículo 61 de la Ley 1480 contiene su propio catálogo y criterios de graduación. Incluye multas y, bajo los presupuestos de cada medida, cierre temporal, cierre definitivo en el supuesto de reincidencia y gravedad, prohibiciones sobre productos y destrucción de productos perjudiciales para salud y seguridad. La diferencia entre estas consecuencias importa: no toda medida protectora es sanción y no toda sanción cumple los mismos requisitos. Las órdenes preventivas del artículo 59 responden a sus presupuestos; no se pueden justificar retrospectivamente como si ya se hubiera demostrado una infracción en una investigación concluida.
La responsabilidad de una persona natural requiere examinar su conducta bajo la fuente aplicable. El artículo 61 contempla, para los sujetos allí enumerados, la comprobación de haber autorizado o ejecutado conductas contrarias al Estatuto. El cargo de administrador no sustituye esa comprobación. A su vez, la eventual responsabilidad de una sociedad no desaparece porque también se investigue a una persona natural. Cada imputación necesita fundamento, prueba y defensa; las decisiones no deben sumar destinatarios por proximidad institucional ni confundir la multa administrativa con el pago de perjuicios a un consumidor.
Las unidades monetarias también forman parte del límite legal. Los textos sectoriales conservan referencias a salarios mínimos, mientras el artículo 313 de la Ley 2294 regula conversiones a UVB con base, vigencia y excepciones. No se ofrece aquí una multa máxima actual en pesos sin cerrar el régimen aplicable y la conversión correspondiente. Además, el artículo 52 del CPACA, salvo ley especial, diferencia caducidad de la facultad, plazo para resolver recursos y prescripción de la sanción. La apertura de una investigación no reemplaza la expedición y notificación oportunas que exige ese régimen.
Ejemplo colombiano 1: un informe no sustituye cargos precisos
En una investigación societaria de Neiva, el informe preliminar reúne varios hechos, pero la oficina comunica únicamente que investiga «irregularidades administrativas». Antes de formular una decisión sancionatoria pretende asumir que la sociedad conocía todos los reproches porque había entregado documentos al inspector. El supuesto se ubica en el procedimiento general aplicable del CPACA. La entrega de información y el conocimiento del informe no sustituyen el acto de cargos con hechos, personas, deberes presuntamente vulnerados y consecuencias procedentes que exige el artículo 47.
La autoridad debe garantizar una oportunidad real de defensa sobre una imputación identificable, sin tratar el acto inicial de inspección como declaración anticipada de responsabilidad. El análisis no obliga a archivar automáticamente cualquier expediente en que exista un defecto: exige determinar el cauce de corrección y las garantías que deban restablecerse antes de decidir. Una sanción basada en hechos que el investigado no pudo controvertir no queda justificada porque la superintendencia tenga competencia material sobre la sociedad.
Ejemplo colombiano 2: el máximo no es la sanción automática
En una investigación de consumo de Villavicencio se acredita una infracción y se discute su graduación bajo el artículo 61. El expediente contiene información relevante sobre daño, duración, beneficio y colaboración. La oficina propone aplicar el máximo disponible afirmando únicamente que la infracción existe. Ese razonamiento omite una etapa distinta: explicar, a partir de los criterios legales aplicables y de los hechos probados, por qué corresponde esa intensidad y esa clase de consecuencia.
La empresa no tiene derecho a una sanción mínima por haber colaborado, pero la colaboración tampoco puede ignorarse si resulta jurídicamente pertinente. La autoridad debe valorar los criterios del régimen especial sin sustituirlos por los de otro sector o por una fórmula abstracta de severidad. El ejemplo no calcula un máximo en pesos ni presupone resuelta una conversión monetaria pendiente. Su punto consiste en distinguir la prueba del incumplimiento de la justificación de la sanción concreta, dos exigencias que deben aparecer razonadas en la decisión.
Ejemplo colombiano 3: el cargo no demuestra la conducta
La SIC investiga a una sociedad de Sincelejo y a una directora por una práctica de consumo. Respecto de la directora, el único dato incorporado es su nombramiento; todavía no hay prueba de que autorizara o ejecutara la conducta atribuida. Bajo el supuesto del artículo 61 que se pretende aplicar a la persona natural, el nombre del cargo no satisface la comprobación exigida. La entidad debe individualizar la conducta y valorar los elementos que la vinculan, junto con las explicaciones y pruebas de defensa.
Si aparecieran instrucciones firmadas u otros soportes, deberán examinarse en contexto y con posibilidad de contradicción; no producirían una responsabilidad incuestionable por el solo formato del documento. La investigación de la sociedad conserva su análisis propio y no depende de agregar necesariamente una multa personal. Tampoco puede destinarse la sanción administrativa a reemplazar una indemnización que deba discutirse por su vía. El caso enseña a diferenciar imputación institucional, conducta individual y consecuencias jurídicas, sin anticipar el resultado de una prueba aún no practicada.